Contexto

Es de noche en el barrio y se escucha el zumbido del helicóptero de la Policía patrullando un descampado, con sus reflectores y cámaras infrarrojas. Desde el nivel de la calle, poco se ve entre la oscuridad y el humo de las cubiertas que alguien quema en el sector. El olor de las cocinas que estiran la cocaína se mezcla con el del caucho quemado. A pocos metros de ahí, minutos después, puede que pase -como todas las noches- un patrullero con las luces apagadas, se detenga unos minutos y luego reanude su marcha. “Los de los patrulleros saben quiénes venden. Paran ahí. Pero después agarran a los que consumen”, dice un joven del lugar que ve, de noche en noche, la misma película.

La escena condensa buena parte de lo que es el contexto local del narcotráfico en Córdoba. El barrio (extremo este, cerca de la avenida de Circunvalación) es uno de los tantos que durante años se han venido especializando en Córdoba -al amparo de una regulación directa o indirecta, por omisión, de las fuerzas de seguridad- en la venta de estupefacientes y en la intervención en el último eslabón de la cadena de producción: la transformación en clorhidrato de cocaína de la pasta base que viene del norte.

Córdoba es una provincia mediterránea y se constituye como un mercado de consumo interno, pero a nivel país, es un punto estratégico de paso de los estupefacientes en el eje norte-sur hacia el puerto. Incluso funciona como un núcleo de redistribución con provincias vecinas, según se advierte en causas judiciales. En términos generales, la pasta base llega desde Bolivia y la marihuana -cruzando la frontera en lanchas, camiones o avionetas-, desde Paraguay. Las organizaciones que intervienen en Córdoba suelen ser consideradas de nivel intermedio, supeditadas a otras organizaciones más profesionales con base en otras ciudades.

A nivel local, fuentes policiales, judiciales y vinculadas a organismos oficiales, entienden que es prácticamente nulo el nivel de cartelización, destacándose en algunos casos organizaciones o clanes familiares. Sin embargo, al mismo tiempo, hay evidencia en Córdoba acerca de la incidencia de actores de gran porte en este negocio multimillonario del narcotráfico, con “mulas” de distintos países -algunas de Europa oriental o de países ibéricos-, que transportan cocaína de máxima pureza hacia el exterior. Ya sea a través del Aeropuerto Ambrosio Taravella o bien a países limítrofes por otras vías, según consta en distintos expedientes que incluso ya llegaron a juicio. Incluso, gracias a la intervención de policías europeas, se detectaron cargamentos simulados en exportaciones.

En esta investigación se accedió a un documento oficial en el que consta que, para la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el crecimiento demográfico, la ubicación geográfica, la amplia oferta universitaria pública y privada y el crecimiento comercial, y en consecuencia, de las oportunidades de desarrollo laboral y profesional -que atraen gran población juvenil del interior y de otras provincias- conforman para Córdoba un escenario de condiciones propicias para distintos subsistemas del narcotráfico. La cita está publicada en el documento de base para el Programa de Prevención, Control e Investigación del Tráfico Ilícito de Drogas que formaba parte del Plan de Seguridad provincial que nunca llegó a implementarse durante la gestión de Alejandra Monteoliva.

En este texto se señala, también, que Córdoba está surcada las rutas del narcotráfico que conectan el Litoral con la salida al Pacífico, para la marihuana; y del Noroeste al Atlántico, para la cocaína. En estos casos, señala el informe, “por toda ruta de tráfico de sustancias psicoactivas, mientras va circulando algo va quedando en los distintos lugares por donde se la transporta”.

Desde fines de 2012, en Córdoba es la Justicia provincial, a través del fuero contra el narcotráfico, la que se ocupa del microtráfico, quedando (supuestamente) las causas más complejas en manos de la Justicia federal. Poco después de este cambio (que sólo había aplicado hasta entonces la Provincia de Buenos Aires), las investigaciones sobre narcotráfico se vieron envueltas en un escándalo de proporciones por la fabricación de operativos ilegales por parte de policías provinciales a través de un informante como supuesto “agente encubierto”, una figura ilegal porque sólo pueden serlo los integrantes de fuerzas de seguridad (en este caso era el convicto Juan “el Francés” Viarnes).

Además, la ilegalidad era aún mayor porque este “buchón” era usado, según la causa judicial, como agente “provocador”; es decir, incitaba a los narcos a realizar negocios con el fin de apresarlos. Pero la figura del “agente provocador”, habitual en películas de Hollywood, ni siquiera existe en la legislación argentina. El caso se convirtió en un escándalo político, policial (se desbarató al área policial de Lucha contra el Narcotráfico) y judicial (se cayeron varias causas) y quedó en evidencia que la Justicia federal había sido fácilmente manipulada por los policías que investigaban en el terreno.

Una de las consecuencias políticas fue la creación de una policía provincial antinarcóticos, comandad por el Ministerio Público Fiscal. Su implementación se fue dilatando pero en septiembre su estructuración ya fue aprobada por la Legislatura. Al cierre de este trabajo no había fecha oficial de comienzo de actividades.

Como derivación de lo que ocurre con el microtráfico a nivel local, en la Justicia federal suele haber causas de secuestros extorsivos vinculados con organizaciones familiares del negocio. Por esa razón se los conoce como “narcosecuestros”. Además, como moneda de pago suele mencionarse droga o precursores químicos para estirar la cocaína.

Al mismo tiempo, un dato que habla de cómo se investiga el narcotráfico, es que en Córdoba sólo hay una causa judicial que en la historia llegó a juicio por narcotráfico aéreo: la forma habitual de acercar marihuana desde Paraguay. También hay que remarcar que sólo llegó a juicio una sola causa por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, por montos casi irrisorios, en el marco de una investigación por la distribución de droga para puntos de venta al menudeo en sectores marginales.

Y, finalmente, las causas en las que se advierte la presencia de jugadores internacionales, sólo hubo condenas para las “mulas” o para las organizaciones locales, pese a escuchas telefónicas y evidencias de la participación de personas de países europeos o sudamericanos, como Colombia. En palabras de un fiscal federal de Córdoba, las investigaciones sobre los niveles más complejos del narcotráfico suelen “hacer agua”.